Comunicat de premsa de la Federació de la Construcció de CCOO de Catalunya
El auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Barcelona concluye que en el accidente producido el día 27 de julio del año pasado en el complejo Ecourban, que promociona el Grupo HABITAT, en la calle Almogávares de Barcelona, y en el que fallecieron sepultados cinco trabajadores, tres de ellos de nacionalidad pakistaní, carentes de permisos de trabajo, puede constituir delito, por lo que se ordena seguir los trámites de preparación de juicio oral y dispone que la fiscal, así como las acusaciones personada en el procedimiento, formulen escrito de acusación.
En las diligencias previas comparecieron en calidad de imputados dieciséis personas, siendo citados además dos súbditos paquistaníes que se hallan en paradero desconocido. El Juzgado ha dictado cinco sobreseimientos, por lo que restan en la causa once imputados pendientes de que se concreten las acusaciones contra ellos. Al propio tiempo, entendiendo el Juzgado que BRENDOM, la empresa subcontratista paquistaní, «podría haber desarrollado su actividad al margen de la Ley, con grave perjuicio para las personas que en ellas trabajaban», se remiten diligencias a los juzgados de Badalona, donde tenía sede social esa empresa.
Como se recordará, la acusación popular, ejercida por la Federació de Construcció de CCOO, centró su atención en la actividad de la promotora y constructora Norbella, integrada en el GRUPO HABITAT, y de la actividad instructora se deriva, no sólo la responsabilidad del encargado y el jefe de obras, sino de casi toda la línea de mando del Grupo HABITAT, encabezada por sus más altos dirigentes, su director general, Fernando Cirera, y su administrador único, Bruno Figueras.
Del arquitecto técnico de la dirección facultativa, del coordinador de seguridad, del jefe de obra y de los distintos encargados de Norbella, FSI Obras y Servicios y Brendom, se aprecia que no velaron por la seguridad de los trabajadores y no ordenaron la instalación de ninguna medida preventiva que evitara el siniestro.
No obstante, lo más significativo de este asunto es la imputación de los directivos del Grupo HABITAT, empresa de la que se estima que, «a pesar de su dimensión económica, no adoptó ninguna medida eficaz de control sobre el trabajo que realizaban los responsables de la obra», ni, «tampoco sobre el coordinador de seguridad», «ni sobre las empresas que aportaban trabajadores a la obra; tampoco existían procedimientos más o menos reglados para realizarlos, a pesar de que incluso contractualmente se había obligado a algunos de ellos». En cuanto a «Bruno Figueras es el Presidente del Grupo HABITAT, por ello es el último responsable de las carencias aquí apuntadas al no haber promovido desde su cargo los medios precisos para evitar lo ocurrido».
Desde CCOO de Construcción manifestamos nuestra satisfacción por la decisión judicial, como no podría ser de otra manera, ya que fue este sindicato el que solicitó del juez la imputación del mencionado promotor. Hecha esta afirmación, también queremos decir que entendemos que la solución a la situación de la alta siniestralidad que sigue soportando el sector de la construcción no pasa por incrementar la población reclusa de este país.
El cumplimiento estricto de la Ley de prevención de riesgos, en vigor desde hace más de diez años, y de la nueva Ley reguladora de la subcontratación, son factores claves para avanzar en esa reducción. Pero, dado el alto índice de incumplimiento de la primera de las normas aquí detalladas, nos tememos que pueda pasar lo mismo con la que acaba de entrar en vigor, por ello, CCOO y UGT de la construcción hemos lanzado, al conjunto de los implicados en el sector, una propuesta para la consecución de un gran Pacte Nacional contra la Precarietat i la Sinistralitat, donde establecemos, entre otras cosas, medidas tendentes a realizar una implicación del conjunto de agentes que intervienen en el proceso constructivo, desde el promotor hasta los trabajadores, pasando por la Administración, los arquitectos, los constructores, los arquitectos técnicos, los industriales, etc., en el cumplimiento y el desarrollo de las mencionadas normas.
Las decisiones judiciales deben aportar a esta situación la advertencia de que el incumplimiento de la Ley no puede quedar impune y en tal sentido, desde CCOO de la Construcción, seguiremos acudiendo a esa vía, cada vez que lo consideremos oportuno.
Aprovechamos esta situación para exigir de la Administración, una vez más, su implicación en la mencionada propuesta de Pacte Nacional, asumiendo que es su responsabilidad liderar el proceso de negociación en el marco de sus funciones, por un lado, como garantes del cumplimiento legislativo, y por otro como impulsores de propuestas que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de la población, entre las que se deben encontrar aquellas que atenten contra la vida y la salud de los trabajadores.