Concedan el indulto a Tamara y Ana
Tres años de prisión y un día es la pena que la Audiencia Provincial
de Pontevedra le ha impuesto a Ana y Tamara, por un incidente ocurrido
durante la huelga de Instalaciones Deportivas en 2010. En una de las
concentraciones , algunos de los manifestantes arrojaron pintura a la
piscina y mancharon el traje del gerente, a la vez que gritaban
«esquiroles». Nadie fue identificado como autor material del acto
vandálico, pero sí fueron reconocidas ellas como integrantes de la
concentración ya que una de ellas habia trabajado en dicha instalación.
La Audiencia las ha considerado responsables de un delito contra los
derechos de los trabajadores por coacción a la huelga, haciendo caer
sobre ellas todo el peso de la ley. La primera sentencia del Tribunal de
Primera instancia consideró que Ana y Tamara eran autoras de este acto
y las condenó a 6 meses de prisión y a una multa por los daños
causados, pero la fiscalía recurrió este fallo ante la Audiencia
Provincial y solicitaron la pena de 3 años de prisión y un día , sin la
posibilidad ya de recursos ordinarios.
Ellas reconocen que estaban allí, pero no hicieron nada, únicamente
formaban parte de las 50 o 60 personas. El testimonio de los
trabajadores citados por la acusación deja claro que nadie vio que
tiraran algo a la piscina, todos declararon que siguieron en su puesto
de trabajo y que en ningún momento se sintieron coaccionados.
Ni Tamara ni Ana pertenecen ni han pertenecido nunca a ningún
sindicato, al igual que tampoco tienen antecedentes de ningún tipo. Son
dos trabajadoras corrientes, que por ser conocidas se les ha acusado de
todo lo sucedido. Igual que fueron ellas, podíamos haber sido cualquiera
de nosotros. Para agravar un poco más la situación, una de ellas,
Tamara, se encuentra embaraza de 3 meses y medio.
Pedimos que por esta condena desproporcionada e injusta, y por todo
lo expuesto SE LES CONCEDA EL INDULTO y la anulación de cualquier ORDEN
DE INGRESO EN PRISION.
Firma… (+)
Cárcel contra los sindicalistas, de Ignacio Escolar
Ana y Tamara han sido condenadas a tres años y un día de cárcel. Ana
está embarazada de tres meses y puede que su hijo tenga que nacer en
prisión. ¿Su delito? Formar parte de un piquete de medio centenar de
personas donde alguien -no está probado que fuesen ellas- lanzó pintura a
una piscina durante una huelga en el 2010. En primera instancia, las
dos mujeres fueron condenadas a una multa y seis meses de cárcel. Como
no tienen antecedentes, no habrían entrado en prisión, pero la Fiscalía
recurrió y pidió la pena máxima por un «delito contra los derechos de
los trabajadores»: tres años y un día. La Audiencia Provincial de
Pontevedra ha dado a la Fiscalía la razón.
Ana y Tamara no están
solas, y no hablo de las miles de personas que están reclamando su
indulto al Gobierno. En España, año 2014, hay más de 40 procesos penales
abiertos contra sindicalistas por hechos ocurridos durante las últimas
huelgas generales. En total, las penas solicitadas por la Fiscalía
contra estos piquetes suman 140 años de cárcel.
Hay que remontarse
al proceso 1001, cuando el franquismo agónico juzgó a la dirección de
Comisiones Obreras, para encontrar un momento en la historia de España
en el que más sindicalistas se jugasen la entrada en prisión. Aquellas
condenas del Tribunal de Orden Público en 1973 fueron muy duras, pero
poco después el Tribunal Supremo de la dictadura las rebajó: seis años
de cárcel para Marcelino Camacho; cinco para Nicolás Sartorius. Hoy la
Fiscalía pide ocho años contra los sindicalistas de Airbus que
participaron en un piquete durante una huelga general.
No hay
precedentes en democracia de una persecución así y es estúpido pensar
que tal vez se deba a que los piquetes se han vuelto más violentos. No
hay protestas hoy de una crudeza comparable a la que se vivió con la
reconversión industrial de los 80, con el cierre de los astilleros o con
los conflictos del carbón.
En este mundo al revés, los
sindicalistas son condenados a cárcel por violar “los derechos de los
trabajadores”. ¿Y los empresarios? Es raro de ver. En mayo del 2009, el
dueño de una panificadora abandonó cerca de un hospital aun trabajador
sin contrato y sin papeles que había perdido un brazo en una máquina de
amasar; el patrón escondió el brazo en la basura para borrar pruebas,
por lo que no se pudo reimplantar. La sentencia acaba de llegar: un año y
un día por contratación ilegal y otros 11 meses por un delito contra
los derechos de los trabajadores -más 130.242 euros de indemnización,
que pagó el seguro-. En total, menos de dos años, por lo que los dos
dueños de la panificadora no entrarán en prisión. Al parecer, lanzar
pintura en una piscina es un delito de una gravedad mayor que tirar a la
basura el brazo de un trabajador.