CCOO de Cataluña exige medidas de Transición Justa para garantizar las políticas formativas, de empleo y protección social a las personas trabajadoras
La COP que comenzará el domingo 30 de octubre en Glasgow es una nueva última oportunidad para acordar compromisos efectivos para luchar contra el cambio climático. El objetivo de limitar el aumento de la temperatura media de la atmósfera a 1,5 grados es compartido. Sin embargo la situación es cada vez más preocupante.
Los acuerdos de la COP21, en el año 2015 en Paris, se establecieron este objetivo global de no superar el incremento de temperatura en más de 1,5 grados. El mecanismo para ello, fueron las llamadas «Contribuciones determinadas a Nivel Nacional», es decir que cada país debía fijar sus objetivos de reducción de emisiones. El resultado ha sido que entre las declaraciones manifestadas y las medidas efectivas hay una diferencia que nos aleja de los objetivos comunes. Incluso, en la reanudación tras la pandemia y en una situación de crisis de suministro de petróleo y gas, muchos países han optado por aumentar el uso del carbón para producir energía, cuando es sabido que -aparte otros impactos contaminantes- esto supone aumentar de manera significativa las emisiones de gases de efecto invernadero.
Aparte de las cuestiones prácticas sobre cómo alcanzarlos, la principal dificultad para establecer una asignación de emisiones verificable para cada país es la asunción de responsabilidades sobre el calentamiento global. Es cierto que una mayor ambición climática puede ser una ventaja comparativa en el futuro por lo que implica de mayor modernización productiva y reducción de la dependencia energética, pero también lo es que en el corto plazo todos los países quieren compromisos lo menos exigentes posible. Además, sin una adecuada financiación de las medidas de mitigación, adaptación y compensación de pérdidas y daños es inconcebible esperar que los países en desarrollo puedan asumir objetivos ambiciosos y que renuncien a crecer según los modelos que hemos seguido los países ricos.
Del mismo modo que se deben encontrar acuerdos entre estados que sean efectivos, verificables y solidarios o no habrá acuerdos. Es necesario que las políticas climáticas sean también socialmente equitativas. El principio de Transición Justa por trabajadoras y trabajadores se ha incorporado a las cumbres sobre el clima hace ya algunos años. Hay que pasar sin embargo, de la declaración de intenciones a medidas efectivas y medibles que garanticen políticas formativas, de empleo y protección social que lo hagan efectivo.-
En cuanto a Cataluña, desde el año 2017 está vigente una ley de Cambio Climático que es , más que una medida efectiva, una agenda de cosas que hacer. La distancia entre el discurso y los hechos es lo suficientemente grande para poder afirmar que nos encontramos en medio la parálisis con respecto a la lucha contra el calentamiento global, a pesar de lo que se manifiesta desde las responsabilidades públicas. Esto supone, aparte de una evidente insolidaridad, incurrir en más riesgos para nuestro futuro y perder oportunidades.
La Ley 16 /2017 de Cambio Climático prevé una Mesa Social que aún no se ha constituido. También prevé una nueva ley para pasar de la gestión de residuos a la economía circular y el aprovechamiento de los recursos que aún está por hacer. El Gobierno nos la ha presentado como una medida del Pacto Nacional por la Industria que ahora empezamos a negociar, pero sin ningún grado de concreción ahora. La política fiscal prevista en la ley – poco ambiciosa ya en origen – solo se ha aplicado a los vehículos. La obligación, por parte de las empresas productoras, de informar a las personas consumidoras de la huella de carbono de los productos y servicios aún está por desarrollar. Por último, la distancia entre los objetivos energéticos de la Ley – generación renovable del 50% de la electricidad consumida para 2030, por ejemplo – y la realidad de la implantación de energías limpias en nuestro país nos sitúa muy por debajo de este objetivo y nos aboca a la dependencia de otros territorios y a la prolongación de las centrales nucleares más allá de lo previsto.
CCOO de Cataluña, que esperamos que la COP de Glasgow suponga de verdad un salto adelante con compromisos vinculantes y verificables de reducción de emisiones, me placemos al Gobierno de Cataluña, en el marco del diálogo social, a retomar la agenda climática con el fin de superar la actual parálisis. Y así, preparar al país para cumplir con nuestras responsabilidades y aprovechar las oportunidades de la transición hacia una economía descarbonizada.