El Futuro de los impuestos: entre monedas virtuales y el comercio electrónico

Antecedentes. La transformación del sistema tributario

Es difícil encontrar en la actualidad una rama del derecho con más cambios que los existentes en el derecho tributario: los impuestos varían constantemente adaptándose a la realidad económica, y la realidad económica nunca ha sido más cambiante que en estos últimos años.

Gobiernos, autoridades fiscales, profesionales de la asesoría fiscal, entidades especializadas en ocultar riqueza y eludir impuestos, juegan un partido donde las reglas nunca están suficientemente definidas, y donde cada uno de ellos intenta acercar la norma al "terreno" que más le conviene.

La legislación no ayuda: multitud de modificaciones legislativas en materia tributaria, a las que hemos de sumar las resoluciones vinculantes de la Dirección General de Tributos y las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos. Al final, un laberinto normativo donde sólo los más sagaces pueden navegar con completa seguridad jurídica.

El escenario no sólo es cambiante sino turbulento y propicio para el combate jurídico‑fiscal.

Y cara a cara, nos encontramos con dos contendientes poderosos: por una parte la autoridad fiscal formada por una mermada pero concienzuda Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)  y por otra, los grandes bufetes de asesoría fiscal que buscan constantemente lo que ellos llaman optimización fiscal y lo que muchos denominamos "ingeniería fiscal abusiva".

El inicio: Endeudamiento versus fraude fiscal

Desde el inicio de la crisis económica, hemos incrementado nuestra deuda pública en más de 500.000 millones de euros. Así, mientras en el año 2008 cada ciudadano debía una suma cercana a los 9.500 €, actualmente, esa cifra excede los 25.300 €.

El endeudamiento público responde a las necesidades de un estado para sufragar ese coste de los servicios públicos que no puede cubrir mediante el cobro de los impuestos, cuya recaudación se encuentra mermada por el elevado fraude fiscal existente en nuestro país.

Si nos remitimos a las estimaciones, pues difícilmente podremos encontrar una cantidad exacta del importe al que asciende la suma de las actividades ilícitas, el fraude fiscal en España supera ligeramente el 20% del PIB, lo que supone que 1 de cada 5 euros escapa al control fiscal, representando una pérdida de recaudación superior a los 60.000 millones de euros anuales.

La ecuación está servida: si disminuyen los ingresos por impuestos debido a la existencia de este fraude fiscal endémico en nuestro sistema tributario, y en contrapartida debemos endeudarnos por ello, este endeudamiento tendremos que pagarlo, y nada mejor que los números para tener una buena visión del efecto de este desequilibrio:

"Anualmente, pagamos más de 31.500 millones de euros de intereses derivados de la deuda pública contraída en nuestro país, o lo que es lo mismo, pagamos diariamente más de 85 millones de euros sólo en intereses de la deuda pública española. (Datos España, año 2018)."

Ante este desfase de ingresos y gastos públicos, el Estado ha mostrado una clara estrategia de combate: subir los impuestos más recaudatorios (IRPF e IVA) y que a la larga han sido los más regresivos para nuestros ciudadanos.

El escenario: subida progresiva del IVA y del IRPF, y la disminución constante del Impuesto sobre Sociedades
 
Nuestra normativa tributaria ha tenido dos cambios muy claros en los últimos años: la subida constante del impuesto indirecto (IVA) junto al impuesto directo de las personas (IRPF)  y la caída sistemática del impuesto directo sobre las empresas (Impuesto sobre Sociedades).

El efecto causante fue la crisis sufrida por nuestro país entre 2008 y 2014. Como consecuencia directa de la misma se dejaron de recaudar cerca de 253.000 millones de euros en IVA e IRPF en dicho período, con un desplome de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades de cerca de 2/3 de su recaudación en los primeros años de la crisis.


La AEAT sólo tenía la opción de subir aquellos impuestos que iban a suponer una recaudación real inmediata, y estos eran el IVA y el IRPF.

España se convirtió así en el segundo país de la UE que más subió el IVA desde la crisis (detrás de Hungría ), pasando de un tipo del 16% en el 2007, a un 18% en el año 2010 y a un 21% en el año 2012 hasta la actualidad.

Y puestos a obtener otro pódium, España también fue el segundo país de la UE (esta vez después de Francia) que más subió el tipo máximo del IRPF desde el inicio de la crisis. Este se situaba en el 43% en el 2008, alcanzando el 52% en el 2012 hasta el actual 45% de tipo máximo estatal.

Respecto al segundo de los cambios, el descenso del tipo y a la vez recaudación del Impuesto sobre sociedades, hemos pasado de un 35% a inicios del 2008 a un tipo actual del 25%. Junto a ello, el impuesto ha acusado un descenso de su recaudación de casi el 50% desde el 2007 hasta la actualidad (recordemos que es el único impuesto que en la actualidad no ha logrado sus niveles de ingreso previos a la crisis).

Este descenso de su tipo, ha sido debido a la necesidad de coordinar un tipo impositivo similar al de los países de nuestro entorno para evitar la competencia fiscal a la baja y la fuga de nuestras empresas a territorios de la Unión Europea donde la tributación empresarial (como el claro ejemplo de Irlanda) supusiera un notable ahorro de impuestos.

El resultado: un injusto incremento de aquellos impuestos que no se pueden deslocalizar (consumo y rentas del trabajo) y un decremento de aquellos que pueden deslocalizarse a otros territorios (impuestos de las empresas).

La realidad es que las familias han sustituido a las empresas en el pago de impuestos: mientras que los impuestos que gravan a las familias se encuentran actualmente en máximos históricos de recaudación, la recaudación del impuesto sobre sociedades apenas aporta el 50% de lo que contribuía en el año 2007. Y esto, inevitable pero a la vez evidente, y según muestran los "números recaudatorios",  irá a más en el futuro inmediato.

El desenlace: El defraudador va en Ferrari y la Inspección en transporte público

Lamentablemente el literal del enunciado refleja al 100% la realidad de la Inspección de los Tributos en el ámbito internacional.

El marco jurídico de los impuestos se ha visto golpeado con dureza por el incremento del tráfico económico internacional: multinacionales, tráfico desmesurado de mercancías, deslocalización de entidades, comercio electrónico,... Y todo ha tenido un denominador común: la búsqueda por parte del contribuyente poderoso y generador de riqueza de fórmulas magistrales para no pagar sus impuestos.

A priori existía un gran temor a la complejidad de la normativa relativa a fiscalidad internacional, los agujeros existentes en los convenios de doble imposición, las enormes posibilidades que aportaban el secreto bancario y los paraísos fiscales. Pero ni en la peor de las pesadillas nos hubiéramos imaginado las cantidades (en metálico, en volumen de operaciones  y en número de contribuyentes) que se escondían en paraísos fiscales o territorios off-shore (en el idioma del común de los mortales: sitios donde se va a no pagar impuestos).

Las filtraciones primero de los Panama Papers y posteriormente de los Paradise Papers pusieron al descubierto en el primero 2,6 terabytes de información (unos diez veces lo que ocuparía la bibliografía existente en la biblioteca del Congreso de los EEUU), que suponían 11,5 millones de documentos  sobre 214.488 empresas en más de 200 países. Entre los nombres que aparecieron: más de un centenar de políticos de diferentes países, así como sus familiares o socios cercanos, 12 jefes de Estado, futbolistas, actores, empresarios y directores de cine.

Los paradise papers estuvieron a la zaga, incluso con más documentos 13,4 millones. Los paradise papers demostraron una vez más los trucos fiscales de las grandes fortunas y los lugares donde éstas cometían sus fechorías, dejando al descubierto el funcionamiento de 19 jurisdicciones opacas: desde las Bermudas en el Caribe hasta Labuán en Asia, pasando por las Islas Cook (Oceanía), Malta (Europa) y Líbano (Oriente)...

Desde la Inspección de Hacienda nos dimos cuenta de que el fraude se deslocalizaba fuera de nuestro territorio, y que las legislaciones de los diferentes países dificultaba enormemente el control y el seguimiento de ese tipo de fraude, sin duda el más importante, tanto en cuantía como en el tipo de contribuyente involucrado.

El futuro del Derecho Tributario

Si muchas han sido las modificaciones tributarias, son pocas para las que nos depara el futuro, un futuro donde se rompen las reglas de la actividad económica actual.

El control interno de la actividad será casi imposible de investigar al entrar en juego multitud de nuevos operadores que podrán estar operando desde cualquier lugar: la compra normal efectuada en una tienda pasa a ser una compra virtual realizada en un marketplace cuyo proveedor será una empresa localizada en cualquier parte del mundo.

El movimiento financiero será prácticamente imposible de controlar en el momento que las monedas nacionales sean sustituidas por monedas virtuales: el pago bancario clásico cuyo seguimiento sería perfectamente analizable, se convierte en un pago con moneda virtual (actualmente existen más de 1.300 criptomonedas y cada semana se crea una nueva divisa virtual, una de las más actuales la moneda Libra anunciada por Facebook) que cuenta con un monedero virtual totalmente opaco y cuyos movimientos son totalmente indetectables.

Es por ello que los países deberán, de forma coordinada - pues actualmente en la práctica mayoría de operaciones entran actores de diferentes países - regular las operaciones para que no se escapen al control tributario y conseguir que en todos los casos, estos agentes paguen sus impuestos en los países donde se genere la riqueza, y no donde su asesor fiscal decida localizar sus rendimientos (que suele coincidir con el territorio donde menos impuestos se paga).

Entran ahí en juego los avances en el proyecto BEPS y los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía (actualmente el mayor rompecabezas fiscal de nuestro tiempo).

Muchos países involucrados, muchos expertos, muchas medidas... pero un ritmo lento comparado con la vertiginosa velocidad a la que avanza la economía mundial.

Para cuando estén resueltos todos estos temas... quién sabe si estaremos planteándonos otros nuevos como la posibilidad de que paguen impuestos los robots... ¿por qué no? igual se solucionan así todos nuestros problemas.

Miguel Ángel Mayo
Coordinador a Catalunya de GESTHA